Los requisitos de los actos administrativos de las Administraciones Sanitarias

Incluido en la revista Ocronos. Vol. VI. Nº 9–Septiembre 2023. Pág. Inicial: Vol. VI; nº9: 410

Autor principal (primer firmante): Susana Moreno Lázaro

Fecha recepción: 1 de septiembre, 2023

Fecha aceptación: 28 de septiembre, 2023

Ref.: Ocronos. 2023;6(9) 410

Autores:

  1. Susana Moreno Lázaro, Grupo Administrativo de la Función Administrativa.
  2. Laura Velázquez Hernández, Grupo Administrativo de la Función Administrativa.

Resumen

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (1), tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas.

Incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

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Palabras clave

Motivación, medios electrónicos, determinado y adecuado.

Objetivos

El objetivo de este Artículo es conocer los requisitos de los actos administrativos de las Administraciones Sanitarias según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Introducción

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el título III, de los actos administrativos.

Se estructura en tres capítulos y se centra en la regulación de los requisitos de los actos administrativos y su eficacia, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

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Durante la pandemia del coronavirus, la participación de los órganos judiciales en el procedimiento para la adopción de disposiciones generales sanitarias para hacer frente a la crisis de salud pública ha transformado el procedimiento administrativo en un discutible procedimiento normativo mixto de naturaleza administrativa y judicial.

Este trabajo analiza, por un lado, el contenido de las diferentes medidas adoptadas por las autoridades sanitarias en materia procedimental; y por otro lado, los límites efectivos y los controles jurídicos que deben instituirse para evitar, en lo posible, la tentación de abusar de los poderes de necesidad. (2)

Los requisitos de los actos administrativos de las administraciones sanitarias

El artículo 35, motivación, es muy importante, ya que indica un listado de actos administrativos en los que hay que explicar en su resolución las razones y causas que la provocan.

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

  1. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

  2. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

  3. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

  4. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

  5. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

  6. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

  7. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

  8. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

  9. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Conclusiones

El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica los actos que son motivados, constituyendo uno de los requisitos de los actos administrativos de las administraciones sanitarias.

Bibliografía

  1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. («BOE» núm. 236, de 02/10/2015)
  2. Página del Ministerio de Hacienda y Función Pública: https://laadministracionaldia.inap.es/no ticia.asp?id=1513294