La protección de datos en la atención sanitaria: importancia y consecuencias

Incluido en la revista Ocronos. Vol. V. Nº 11–Noviembre 2022. Pág. Inicial: Vol. V; nº11: 306

Autor principal (primer firmante): Gloria Revuelta Escuté

Fecha recepción: 1 de noviembre, 2022

Fecha aceptación: 28 de noviembre, 2022

Ref.: Ocronos. 2022;5(11) 306

Autoras:

Gloria Revuelta Escuté, R Jenny Paola Castro Álvarez

Categoría Profesional: Auxiliar Administrativa

Palabras clave: protección de datos, régimen disciplinario, suspensión provisional

En los procesos de atención sanitaria en los que participen profesionales sanitarios, no sanitarios y alumnos se deberá respetar la intimidad, dignidad y confidencialidad de los pacientes en todo momento y en cualquier circunstancia, respetando su intimidad y su dignidad.

El carácter especialmente sensible de los datos de salud de los pacientes y el acceso a ellos por diferentes profesionales y personal en formación de las instituciones sanitarias, han sido el motivo por el que se ha recogido en la Constitución (Art. 18.4) como un derecho fundamental, en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como en varias disposiciones sanitarias con rango de ley y protocolos.

En el artículo 72 del Estatuto Marco encontramos las clases y prescripción de las faltas, considerando el “quebranto de la debida reserva respecto a datos relativos al centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios y a la información relacionada con su proceso y estancia en las instituciones o centros sanitarios” como falta disciplinaria muy grave.

El considerar la falta disciplinaria de muy grave puede llegar a comportar incuso la pérdida de la condición de personal estatutario (separación de servicio). El personal puede verse obligado a un traslado forzoso con cambio de localidad o que le suspendan en sus funciones, dependiendo del grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, cuantificándolo en términos económicos cuando sea posible, y la reiteración o reincidencia. Prescribirán a los tres años desde la firmeza de la resolución sancionadora o desde que se quebrante el cumplimiento de la sanción cuando su ejecución ya hubiera comenzado. Asimismo, se interrumpirá cuando se inicie, con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución de la sanción impuesta y volverá a correr de nuevo si el procedimiento se paraliza durante más de seis meses por causa no imputable al interesado.

En todos los servicios de salud, el procedimiento disciplinario se ajustará a los principios de celeridad, inmediatez y economía procesal, y deberá garantizar al interesado, además de los reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al derecho de la presunción de inocencia, a ser notificado del nombramiento del instructor y, en su caso, secretario, así como a recusar a los mismos, a ser notificado de los hechos imputados, de la infracción que constituyan y de las sanciones que, en su caso, puedan imponerse, así como de la resolución sancionadora. También, a formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento, a proponer cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos, a ser asesorado y asistido por los representantes sindicales y a actuar asistido de letrado.

Durante la tramitación del expediente disciplinario por falta muy grave, podrá acordarse mediante resolución motivada, la suspensión provisional de funciones del interesado, como medida cautelar. No podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable a el interesado. Mientras dure, el interesado percibirá las retribuciones básicas, salvo que no comparezca en el procedimiento.

Si el expediente finaliza con la sanción de separación del servicio o con la de suspensión de funciones, sus efectos se retrotraerán a la fecha de inicio de la suspensión provisional.

En el caso de que el expediente no finalice con la suspensión de funciones ni se produzca la separación del servicio, el interesado se reincorporará al servicio activo en la forma en que se establezca en la correspondiente resolución y tendrá derecho a la percepción de las retribuciones dejadas de percibir, tanto básicas como complementarias, incluidas las de carácter variable que hubieran podido corresponder.

Las sanciones disciplinarias firmes que se impongan al personal estatutario se anotarán en su expediente personal y se cancelaran de oficio, en el caso de sanción impuesta por falta muy grave, a los cuatro años desde su cumplimiento.

Bibliografía

  1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
  2. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
    Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.
  3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal
  4. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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