La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos de las Administraciones Sanitarias

Incluido en la revista Ocronos. Vol. VI. Nº 9–Septiembre 2023. Pág. Inicial: Vol. VI; nº9: 408

Autor principal (primer firmante): Susana Moreno Lázaro

Fecha recepción: 1 de septiembre, 2023

Fecha aceptación: 28 de septiembre, 2023

Ref.: Ocronos. 2023;6(9) 408

Autores:

  1. Susana Moreno Lázaro, Grupo Administrativo de la Función Administrativa.
  2. Laura Velázquez Hernández, Grupo Administrativo de la Función Administrativa.

Resumen

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (1), regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.

Los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales.

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Palabras clave

Pleno derecho, infracción, conversión, convalidación y convalidación.

Objetivos

El de este Artículo es conocer los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Introducción

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El título III, de los actos administrativos, se estructura en tres capítulos.

En el tercer capítulo se centra en la regulación de las reglas sobre nulidad y anulabilidad, manteniendo en su gran mayoría las reglas generales ya establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las causas de nulidad o de anulabilidad han de hacerse valer en el marco del recurso que proceda legalmente. También puede aplicarlas la Administración al hacer uso de la facultad de revisar sus actos nulos (LPAC, arts. 106 y sigs.).

Los vicios de forma solo darán lugar a la anulación de un acto cuando hayan provocado indefensión.

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La teoría de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declaran nulas. STS, 3.ª, 6-VII-2010, rec. 446/2008. (2)

La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos de las administraciones sanitarias

Es muy importantes saber que, la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, y que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

Lo primero es saber distinguir entre actos nulos y anulables, para ello, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge un listado en los artículos 47 y 48 respectivamente.

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

  2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

  3. Los que tengan un contenido imposible.

  4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

  5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

  6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

  7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Por último, hay que indicar que los actos administrativos pueden conservar aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción, producirse la conversión de actos nulos o anulables viciados, y la convalidación solamente de los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Conclusiones

Los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indican si los actos administrativos de las administraciones sanitarias son nulos o anulables.

Bibliografía

  1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. («BOE» núm. 236, de 02/10/2015)
  2. Nulidad de acto administrativo según la Real Academia Española https://dpej.rae.es/lema/nulidad-de-acto -administrativo