Garantía de igualdad en las Administraciones Públicas

Incluido en la revista Ocronos. Vol. IV. Nº 8–Agosto 2021. Pág. Inicial: Vol. IV; nº8: 92

Autor principal (primer firmante): Aránzazu Silva Sánchez

Fecha recepción: 1 de Agosto, 2021

Fecha aceptación: 23 de Agosto, 2021

Ref.: Ocronos. 2021;4(8): 92

Autora: Aránzazu Silva Sánchez

Categoría: Auxiliar Administrativo

Resumen

La situación de mujeres y hombres respecto a la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades en nuestro país ha evolucionado favorablemente en los últimos tiempos, pero aún queda camino por recorrer ya que, lamentablemente, todavía hay constancia de casos de discriminación salarial, mayor tasa de desempleo femenino, escasa presencia de mujeres en puestos directivos, dificultad de conciliación de la vida familiar y profesional y, en algunos supuestos, el hecho de ser mujer y pertenecer a una minoría, ser migrante, mayor, viuda, víctima de violencia de género o con discapacidad, puede suponer una doble o múltiple discriminación.

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El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en el empleo público como privado, se garantizará en el acceso al empleo, incluido el trabajo por cuenta ajena, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos integrantes ejerzan una profesión determinada, incluidas las prestaciones otorgadas por las mismas.

Los poderes públicos adoptarán medidas específicas para corregir situaciones claras de desigualdad entre mujeres y hombres, las cuales han de ser razonables y proporcionadas al caso concreto. Y entre sus criterios de actuación cabe destacar:

  1. implantar un lenguaje no sexista en el sector administrativo y fomentarlo en las relaciones sociales, culturales y artísticas
  2. proteger la maternidad, así como a colectivos de especial vulnerabilidad
  3. promover la colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus propias competencias.

Palabras clave

Igualdad, derechos, oportunidades, discriminación

Objetivo

Se trata de erradicar los estereotipos de género y eliminar cualquier discriminación de la mujer en todos los ámbitos, especialmente en el terreno político, civil, laboral, económico, social y cultural para, en el desarrollo de los Artículos 14 y 9, 2º de la Constitución española, lograr una sociedad democrática más justa.

Las Administraciones Públicas deberán, por tanto:

  • remover los obstáculos que impidan cumplir las condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional
  • facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, sin que ello perjudique las posibilidades de promoción profesional
  • fomentar la formación en igualdad
  • promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración
  • establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo
  • establecer medidas efectivas para eliminar cualquier tipo de discriminación retributiva por razón de sexo
  • evaluar periódicamente la eficacia del principio de igualdad en todos sus campos de aplicación. Todos los Ministerios y Organismos públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información sobre la efectiva aplicación del mismo en cada uno de ellos, con la determinación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal
  • implantar un lenguaje no sexista en el sector administrativo y fomentarlo en las relaciones sociales, culturales y artísticas
  • proteger la maternidad, así como a colectivos de especial vulnerabilidad
  • promover la colaboración entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de sus propias competencias.

Conclusiones

Es importante reforzar el cumplimiento de la igualdad real entre mujeres y hombres, y luchar contra cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.

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Para ello el Gobierno, al inicio de cada legislatura, aprueba un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos, que representa la voluntad firme de que esa igualdad se haga realidad.

Actualmente, el III Plan ha prestado especial atención a los siguientes objetivos:

  1. erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer
  2. contribuir a la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en la esfera pública como privada
  3. reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados, así como la promoción de la corresponsabilidad
  4. asegurar la efectiva participación de la mujer e iguales oportunidades para el liderazgo en todos los niveles
  5. llevar a cabo reformas para proporcionar a la mujer iguales derechos sobre los recursos económicos
  6. incrementar el uso de las tecnologías adecuadas, con el fin de promover el empoderamiento de las mujeres
  7. adoptar políticas eficaces y hacer cumplir la normativa relativa a la promoción de la igualdad de género en todos los ámbitos.

Para el desarrollo y ejecución de este Plan se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos integrantes de cada una de las organizaciones sindicales firmantes del Plan y en igual número de miembros por parte de la Administración.

Fuentes

  1. LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  2. Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella.