Derechos y deberes de los ciudadanos en materia de salud pública

Incluido en la revista Ocronos. Vol. V. Nº 11–Noviembre 2022. Pág. Inicial: Vol. V; nº11: 108

Autor principal (primer firmante): Aránzazu Silva Sánchez

Fecha recepción: 18 de octubre, 2022

Fecha aceptación: 14 de noviembre, 2022

Ref.: Ocronos. 2022;5(11) 108

Autora: Aránzazu Silva Sánchez Categoría: Auxiliar Administrativo

Resumen

Las Administraciones sanitarias tienen la obligación de informar sobre la existencia de riesgos específicos para la salud de la población. Tal información incluirá una valoración de su impacto en la salud, de las medidas que adopten las Administraciones sanitarias y de las recomendaciones para los ciudadanos.

En el supuesto de que exista o se sospeche de forma razonable acerca de la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias han de adoptar las medidas preventivas que consideren oportunas, como la incautación o inmovilización de productos, la suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales, y otras que se puedan justificar sanitariamente.

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Esas medidas no se prolongarán más allá de lo que requiera la situación de riesgo grave e inminente que motivó su adopción.

Por otra parte, paso a enumerar los derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito de la salud pública:

Derechos

  • derecho de información, que comprende:
    1. recibir información sobre los derechos reconocidos por ley y sobre las vías para ejercitarlos
    2. recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a ellas
    3. recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro tipo, relevantes para la salud pública. Si el riesgo es inminente se debe comunicar de manera urgente
    4. toda la información se transmitirá desagregada, para su mejor comprensión, y estará disponible en las condiciones y formato que facilite el acceso a personas con discapacidad
  • derecho a la participación efectiva, de forma directa o a través de organizaciones en que se agrupen o que representen a los usuarios, en acciones de salud pública
  • derecho de igualdad, es decir, derecho a que las actuaciones de salud pública se lleven a cabo sin que pueda existir discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
  • derecho a la intimidad personal y familiar, a la confidencialidad y al respeto de la dignidad en relación con su participación en actuaciones de salud pública.

Deberes

  • deber de colaboración, facilitando la tutela de la salud pública y absteniéndose de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen ese fin
  • deber de comunicación, de manera que las personas que conozcan hechos, datos o circunstancias que puedan constituir un riesgo o peligro grave para la salud poblacional, los pondrán en conocimiento de las autoridades sanitarias, que velarán por la protección adecuada a los datos de carácter personal.

Palabras clave

derecho, deber, riesgo, salud pública

Se trata de evitar que un problema de salud surja (fase de prevención) y que, una vez se presente esa situación, se evite su propagación (fase de control). Hay que intentar mantener el nivel máximo de salud posible, en la línea del Artículo 43 de la Constitución española, que consagra el derecho a la protección de la salud, y la obligación de los poderes públicos de organizar y proteger la salud pública.

Conclusiones

Frente a la sospecha de una situación de riesgo potencial para el conjunto de la población se tienen que desarrollar acciones de salud pública urgentes y eficaces.

La prestación sanitaria abarca actuaciones preventivas, asistenciales, de seguimiento y de control, destinadas a preservar y, si fuere necesario, a recuperar la salud pública de todos. Esa prestación se dará hasta la fecha del alta médica del proceso en curso que haya supuesto un peligro para la salud pública y, además, se ofrecerá preferiblemente en atención primaria, incluyendo acciones preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de control del problema en cuestión, y con interconsultas al segundo nivel asistencial.

La medicación necesaria para el tratamiento de esas enfermedades, cuando se demuestre la no disponibilidad de recursos, se contemplará como campaña sanitaria y se facilitará en el lugar habilitado al efecto en el servicio de salud.

Fuentes

  1. Constitución española de 1978.
  2. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
  3. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
  4. Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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