La autonomía del paciente: el deber de los profesionales de informar y el derecho de los pacientes a decidir- Revisión Temática

Incluido en la revista Ocronos. Vol. IV. Nº 4–Abril 2021. Pág. Inicial: Vol. IV; nº4: 141

Autor principal (primer firmante): Natalia Fariñas Valiña

Fecha recepción: 15 de Abril, 2021

Fecha aceptación: 26 de Abril, 2021

Ref.: Ocronos. 2021;4(4): 141

Autores: Natalia Fariñas Valiña (Enfermera Especialista en Salud Mental. Abogado en situación colegial de no ejerciente). Dr. Iago Fariñas Valiña (Abogado, Doctor en Derecho).

Resumen

Históricamente, los profesionales de la Medicina han sido los únicos responsables en la toma de decisiones de los pacientes, asumiendo una postura eminentemente paternalista. Una vez superado este paradigma, la actuación sanitaria ya solo se legitima mediante el consentimiento informado del sujeto sobre el que recae la atención.

En España, es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la primera norma jurídica en establecer una regulación general de la información asistencial y el consentimiento informado. Posteriormente la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, pasó a profundizar en el desarrollo normativo de aquellos aspectos insuficientes relativos a la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

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Palabras clave: autonomía, información asistencial, consentimiento informado.

Conclusiones

La relación que se establece entre los profesionales sanitarios y los usuarios/pacientes ha sido universalmente reconocida como parte clave en la práctica asistencial. Propiciar la efectiva participación de los sujetos en la toma de las decisiones clínicas que les conciernen, es esencial en la atención sanitaria. No obstante, el desconocimiento de algunos profesionales sobre el marco normativo que regula los derechos de los pacientes deriva en situaciones de mala praxis.

La autonomía del paciente: el deber de los profesionales de informar y el derecho de los pacientes a decidir

Durante las últimas décadas la asistencia sanitaria ha dejado atrás un modelo de atención paternalista evolucionando hacia un modelo de atención autonomista. La relación clínica era en sus orígenes una interacción de confianza, basada en la percepción que el paciente tenía del profesional como una figura de especial consideración, llena de conocimientos y virtudes y colocada en una posición de orden superior. La decisión clínica era una elección individual, adoptada de forma aislada, en este caso por parte del profesional sanitario. El usuario mantenía una actitud pasiva y paciente, frente al rol activo y decisorio del profesional (1).

Desde Hipócrates hasta mediados de los años sesenta en EE.UU. y los ochenta en España, la asistencia al enfermo se ejercía sin darle a estas posibilidades de adoptar sus propias decisiones siguiendo este modelo anterior (2).

El principio de autonomía surge en la transformación hacia una sociedad moderna y evolucionada, en la que se producen cambios en los paradigmas de las relaciones familiares e interpersonales y en contra del paternalismo de la época anterior. El paciente abandona la tutela profesional y pasa a tomar sus propias decisiones en relación a su salud (3).

En este marco social de cambios en valores, actitudes, leyes y tradiciones, la Ciencia y la Tecnología no se quedan atrás y avanzan aceleradamente exponiendo cada vez más al usuario/paciente a nuevos riesgos y situaciones.

En el año 1948, cuando veía la luz la Declaración Universal de Derechos Humanos, la autonomía del paciente se propugnaba como una manifestación más de la libertad humana y de la protección a su dignidad y valor como persona, y esta se convertía en un paradigma para textos constitucionales posteriores (4).

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En España, los derechos de los usuarios tienen una trayectoria reciente. Con la llegada de la democracia es cuando surgen inquietudes en relación a este tema y así nuestra Carta Magna en 1978, recogía en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud (5).

Posteriormente la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, trata de dar cumplimiento a esta previsión constitucional del artículo 43 estableciendo una regulación básica que permita hacer efectivo este derecho. Esta ley supuso un notable avance ya que otorgó a los usuarios de los servicios sanitarios la condición de sujetos de derecho, tal y como quedó patente en la enumeración de derechos del artículo 10 de la citada norma (6).

Tras esta norma, surgen otras como la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (7), en adelante LBAP, que en su artículo 2 recoge una serie de principios básicos que configuran en el centro de la relación asistencial, al paciente. Así recoge que:

“1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida”.

Esta regulación viene a establecer una verdadera protección sobre los derechos de los pacientes, concediendo un régimen específico al derecho a la información sanitaria, y a la autonomía del paciente, y estableciendo una consideración especial para el consentimiento informado.

La información asistencial

En el artículo 4 de la LBAP recoge que:

  1. “Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

  2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

  3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle”.

Y sigue en el artículo 5 determinando a quién se atribuye este derecho cuando dispone que:

“1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.

3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave.

Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho”.

El respeto a la autonomía del paciente. El consentimiento informado

Entre los principios básicos de la LBAP, concretamente en el art. 2.3 y 2.4, recogían que “toda actuación en el ámbito sanitario requiere el consentimiento del paciente, después de haber recibido una información adecuada”, permitiéndole así decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles. El consentimiento informado por tanto se define como «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente,

manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a la salud» (art. 3 LBAP).

Por regla general el consentimiento será verbal. Sin embargo, en el artículo 8 de la citada Ley, recoge que se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.

Asimismo, el paciente y/o usuario tiene derecho a que se le advierta de la posibilidad de que se utilice su proceso en un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud, aquellos procedimientos que se le apliquen.

En cualquier momento el paciente puede revocar libremente por escrito, su consentimiento.

La información básica que se proporciona al paciente debe presentar una serie de condiciones como recoge el artículo 10 LBAP: “1) las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad; 2) los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente; 3) los riesgos probables con condiciones normales conforme a la experiencia y estado de la ciencia directamente relacionados con la intervención; 4) las contraindicaciones”.

Límites del consentimiento informado

Con anterioridad al describir el derecho a la información asistencial se advirtió que el paciente tiene derecho a no ser informado, en base a su determinación forjada libre y voluntariamente. Pero esa renuncia a recibir información presenta unos límites, tal y como recoge el artículo 9 de la LBAP: “el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención”.

De forma excepcional cabe omitir el consentimiento del paciente en beneficio de su salud, tal y como dicta el artículo 9.2 apartados a y b de la LBAP. En los supuestos de “riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley” o “riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él”.

Consentimiento por representación

La LBAP recoge en el artículo 9.3 varios supuestos:

  1. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

  2. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente y así conste en la sentencia.

  3. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.

Prosigue el mismo artículo 9 en su apartado 4, que cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente.

Bibliografía

  1. Lázaro J, Gracia D. La relación médico-enfermo a través de la historia Anales Sis. San. Navarra.
  2. Russell B. Roth JD, Herreros Ruiz-Valdepeñas B, Márquez Mendoza O, Veytia López M, Palacios García Cervigón G, Pose Varela C, Sánchez González MA et al. Educar en bioética al profesional de ciencias de la salud; una perspectiva internacional. Madrid: Ademas; 2010.
  3. Baños Jiménez JP, Baquero Úbeda JL, Bátiz Cantera J, Borrell i Carrió F, Callizo Silvestre A, Casado Blanco, M et al. Manual de la Relación Médico-Paciente. OMC; 2019.
  4. Vecillas Sevilla, MTJ. La dignidad en los cuidados de salud. Ética de los Cuidados. 2008 ene-jun;1(1).
  5. Constitución Española. (Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978).
  6. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. (Boletín Oficial del Estado, núm. 102, de 25 de abril de 1986).
  7. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (Boletín Oficial del Estado, núm. 274, de 15 de noviembre de 2002).